Público ¿Está el rey Juan Carlos por encima de la ley? El ejemplo de la reina de Inglaterra Otras opiniones Más columnas de opinión Ahora en portada

El culpable siempre es el mayordomo; lo cuentan Sherlock Holmes y la señorita Marple en sus novelas, y quedó constatado en el juicio de 2002 por hurto a Paul Burrel, mayordomo de la princesa Diana. Burrel salió absuelto de los cargos de robo, no obstante, resultó culpable de provocar una crisis constitucional por intentar convocar como testigo (no acusada) a la reina Isabel II, ante el tribunal que lo juzgaba. Un intento sin precedentes en la historia moderna de Reino Unido. ¿Está la reina por encima de la ley? ¿Si la jefa de Estado representa la ley, se puede convocar a ella misma? ¿Hasta dónde llega la inmunidad de la jefa de Estado? Preguntas que se hicieron los británicos y, algunas, todavía están por contestar.

La familia Spencer acusó a Paul Burrel de apropiarse de 310 objetos (fotos, cassetes, bolsos, discos, ropa, un látigo estilo Indiana Jones, negativos de la era pre-digital, cartas, etc.). El mayordomo fue detenido en enero de 2001, su casa registrada, los objetos presuntamente robados fueron incautados y él puesto en libertad bajo fianza. A la salida de la comisaría en una de sus comparecencias fue agredido por un entusiasta monárquico que le llamaba "ladrón". Burrel aducía que el supuesto motín se lo había dado Diana, fallecida en agosto de 1997, en agradecimiento a su leal servicio. Ella le llamaba "mi roca". Así anduvo el caso desde la acusación en enero de 2001 hasta que se abrió el juicio en octubre de 2002. Durante dos semanas de vista, la madre y la hermana de la princesa muerta y otros testigos ventilaron líos de familia ante los tribunales. Los medios más atrevidos valoraban en millones de libras los objetos, presuntamente, robados. La imagen del fiel mayordomo, convertida en un traidor.

Tras dos semanas de juicio llegó la gran sorpresa. Unos días antes de que Burrel declarase como acusado se acordó, en un ramalazo de suerte, de haber informado a la reina, en una conversación privada tras la muerte de Diana, de que tenía los objetos en casa para guardarlos. Si declaraba que se lo había dicho a la jefa del Estado la convocarían para verificarlo. Isabel II, que no había dicho esta boca es mía sobre el tema en casi dos años, se acordó también, en un repentino ejercicio de memoria, de la conversación privada con el mayordomo cinco años antes. La posible amnesia de la reina se convirtió en asunto de habladuría nacional, salvó la crisis constitucional y resolvió el conflicto de la inmunidad de la soberana para presentarse ante la ley. El día 1 de noviembre (día de difuntos en otros lares) de 2002 el juicio fue anulado, el mayordomo absuelto y la inviolabilidad de la jefa de Estado quedó intacta. Las pericias y sutilezas de la abogacía y la judicatura inglesas afilaron al máximo sus entendederas para salir del atolladero en el que se habían metido.

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— tana rufer Mon Apr 18 22:15:54 +0000 2011

La reciente vista preliminar sobre la inmunidad de Juan Carlos I para ser juzgado en los tribunales ingleses (Escocia tiene traspasadas las competencias de Justicia) ha removido los cimientos de la jurisprudencia internacional. Los abogados de las dos partes -Corina acusa, el emérito se defiende- han acudido a los pocos casos de inmunidad resueltos en los juzgados de Londres. El más relevante ha resultado ser el del exdictador chileno Augusto Pinochet hace 20 años. Más cerca en el tiempo fue el de dos príncipes saudíes y uno de Catar. A todos se les rechazó la inmunidad. El caso nacional del mayordomo no se ha considerado. Sí que ha entrado en la ecuación el príncipe Felipe, marido de Isabel II, por haber recibido una multa de tráfico. No hubo inmunidad para él por esta falta.

La Justicia británica es estricta con la independencia de la política. Los cinco jueces que despojaron a Pinochet de la inmunidad habían visto como Margaret Thatcher le visitaba en una casa de la urbanización de Wentworth (Virginia Water) cerca de Londres. Thatcher le agradecía públicamente que le hubiese dejado bases en Chile para aterrizar los aviones británicos en la guerra de las Malvinas de 1982 contra Argentina. Si la ex primera ministra hizo la visita para presionar a los cinco jueces, éstos emitieron la sentencia contra Pinochet por unanimidad: argucias del quehacer británico. El proceso al exdictador sentó jurisprudencia, puesto que era el primero en el que la Fiscalía de un Estado (España) pedía la extradición de un ex jefe de Estado de un segundo (Chile) a un tercero (Reino Unido).

La más alta jerarquía de la Justicia británica llevó el caso con rigor e independencia. No hubo críticas. Ahora, con la inmunidad del rey emérito a juicio en los mismos tribunales, el terreno aparece abonado. Pinochet se libró de la extradición por razones de edad (84) y salud. ¿Podría aplicarse a Juan Carlos? En el caso del emérito, podrían considerarse también motivos de extranjería del acusado, la acusadora y el lugar donde se cometieron algunos –no todos- de los presuntos delitos (acoso, difamación y vigilancia ilegal). El juez Matthew Nicklin sopesa sus opciones; una apuntaría a que los tribunales ingleses no tienen jurisdicción sobre ciudadanos extranjeros que cometen irregularidades en suelo extranjero. En cualquier caso, Corinna ha presentado su demanda por lo civil que no conlleva penas de prisión y pide la reserva de la vía criminal. En las próximas semanas se conocerá la decisión del juez. A no ser que surja algún mayordomo inocente o traidor con alguna nueva prueba que invalide la vista cerrada el martes.